Imagina que un funcionario de Hacienda se presenta en tu oficina y te pide acceso inmediato a tu programa de facturación, incluidas las contraseñas. ¿Puede hacerlo? El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión y su respuesta es importante para cualquier empresa o autónomo que emite facturas con un sistema informático.
LO QUE DICE LA NORMA SOBRE LOS PROGRAMAS DE FACTURACIÓN
El Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, aprobó el reglamento que fija los requisitos que deben cumplir los programas informáticos de facturación de empresarios y profesionales. Es la normativa que está detrás del sistema conocido como Verifactu, pensado para que los registros de facturación sean íntegros, trazables e inalterables.
Su artículo 14.1 permite a la Administración tributaria personarse en el lugar donde se encuentre o se utilice el sistema de facturación y exigir el acceso completo e inmediato a los registros de facturación y de eventos (o a sus copias seguras), así como descargarlos, copiarlos y consultarlos en formato legible, obteniendo si es necesario el usuario, la contraseña y cualquier otra clave de seguridad.
Este precepto fue recurrido por considerar que un reglamento no podía regular entradas en lugares protegidos ni la obtención de claves sin autorización judicial previa.
QUÉ HA DECIDIDO EL TRIBUNAL SUPREMO
En su Sentencia 1225/2026, de 4 de noviembre, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso y ha confirmado la validez del artículo 14.1. Sus argumentos principales son tres:
- La Ley General Tributaria, en su artículo 29, habilita al reglamento para regular cómo se comprueba esta obligación de los sistemas de facturación.
- El precepto no invade la competencia de los jueces, porque se remite a los requisitos y límites de la propia Ley General Tributaria. Por tanto, si la actuación exige entrar sin consentimiento en un domicilio constitucionalmente protegido, sigue siendo necesaria la autorización judicial prevista en su artículo 113.
- No se vulnera el derecho a la protección del entorno digital, porque el acceso y la obtención de claves se limitan a los registros de facturación, no a todo el contenido de los equipos.
Hay un matiz que merece destacarse: cuando haga falta autorización judicial, será el juez quien fije los términos de la entrada y la documentación a la que se puede acceder. La sentencia deja claro que el juez no queda vinculado por lo que pida la Administración y que debe valorar la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad de la actuación.
QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TU EMPRESA
En la práctica, la sentencia confirma que tus registros de facturación pueden ser examinados de forma rápida y directa, pero dentro de unos límites. Algunas recomendaciones para estar preparado:
- Ten claro dónde "vive" tu sistema de facturación: en un ordenador de la oficina, en un servidor propio o en la nube de un proveedor.
- Define quién custodia las claves de acceso y quién debe atender una eventual visita de la Administración.
- Separa, en lo posible, la facturación de otra información sensible del negocio (correos, documentos internos, datos de clientes), para que un acceso limitado a los registros de facturación no se extienda a todo lo demás.
- Prepara un protocolo sencillo de actuación: a quién llamar, qué documentación pedir al funcionario y cómo dejar constancia de lo que se revisa.
Para pymes y autónomos de Lanzarote que facturan desde un único ordenador en el propio local, estos puntos son especialmente relevantes, porque el equipo suele mezclar facturación y gestión diaria.
TRANSPARENCIA, SÍ; INDEFENSIÓN, NO
La sentencia refuerza las facultades de control de Hacienda sobre los programas de facturación, pero también recuerda que existen garantías y que el acceso tiene límites. Estar bien organizado es la mejor defensa. Si quieres revisar si tu sistema de facturación y tu forma de trabajar están preparados ante una posible comprobación, en EBF Consulting te ayudamos a hacerlo.
Referencia oficial: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 1225/2026, de 4 de noviembre de 2026 (recurso 86/2024), sobre el artículo 14.1 del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.